Bienvenidos a Bienes Raíces Chipre SAS.

El ordenamiento Territorial es el proceso mediante el cual se orienta la ocupación y utilización del territorio y se dispone cómo mejorar la ubicación en el espacio geográfico de los asentimientos humanos, población y vivienda; la infraestructura física, vías, servicios públicos, construcciones; y las actividades socioeconómicas. La ordenación del territorio es la proyección en el espacio de las políticas sociales, culturales, ambientales y económicas de una sociedad. Entonces, ordenar el territorio significa vincular las actividades humanas a este.

Es la carta de navegación para el desarrollo territorial de los municipios, que toma en cuenta principios fundamentales como la función social y ecológica de la propiedad; la prevalencia del interés general sobre el particular; la distribución equitativa de las cargas y los beneficios. Es una decisión colectiva que cada 12 años se ajusta para acoger las nuevas dinámicas que surgen en el territorio debido a las transformaciones físico-espaciales, ambientales, económicas y sociales. EL POT es un instrumento que se articula a los planes de Desarrollo Municipal.

Mientras el POT orienta el desarrollo físico espacial, el plan de Desarrollo Municipal complementa los componentes social, cultural y económico y así se garantiza el bienestar integral de las comunidades. El POT se encarga de definir a largo, mediano y corto plazo un modelo de ocupación del territorio municipal y señala su estructura básica y las acciones territoriales necesarias para su adecuada organización. Es por esto que en la definición de programas y proyectos de los planes de Desarrollo los municipios tienen en la cuenta las definiciones de corto y mediano plazo de las políticas sociales, políticas económicas y políticas ambientales.

• Porque es una política de Estado. • Por la inadecuada localización de las actividades y usos como la vivienda, el empleo, la infraestructura y equipamientos colectivos. • Porque se presenta deterioro en la calidad de vida de la población.

• Para mejorar la calidad de vida • Para proteger y conservar los recursos naturales y el ambiente • Para realizar una planificación integral del desarrollo. • Para inducir un desarrollo territorial equilibrado. • Para ubicar y reglamentar adecuadamente las actividades socioeconómicas. • Para mejorar la gestión y la administración pública.

• A los habitantes, porque les indica cómo habitar el territorio para generar mayores beneficios individuales y colectivos. • A las organizaciones, para trabajar articuladamente con el municipio y de esta manera lograr un mejor desempeño en sus trabajos y proyectos. • A las autoridades, porque pueden elaborar sus planes, políticas y programas dando continuidad y sostenibilidad a los procesos.

En la práctica son las administraciones municipales las garantes de que el ordenamiento territorial se cumpla en condiciones de equidad, mediante actuaciones y decisiones administrativas que se traducen en acciones urbanísticas, es decir la regulación de las construcciones, los equipamientos, la infraestructura vial y de servicios públicos , entre otros.

• Mejoramiento la gestión pública. • Organización y división territorial adecuada. • Fortalecimiento de la competitividad y sostenibilidad. • Identificación de las necesidades en infraestructura vial y de servicios. • Clasificación del suelo. • Reglamentación de los usos del suelo.

La ley 388 de 1997 exige el ordenamiento territorial pero establece diferencias de acuerdo al número de habitantes que tenga el municipio; por ejemplo: los municipios con una población inferior a treinta mil habitantes deben trazar un esquema de Ordenamiento Territorial, denominado EOT; los municipios con una población entre 30 mil y 100 mil habitantes formulan un plan Básico de Ordenamiento Territorial, denominado PBOT y los municipios con una población superior a 100 mil habitantes construyen un Plan de Ordenamiento Territorial o POT.

Su vigencia mínima corresponde a tres (3) períodos de las administraciones municipales. El momento previsto para la revisión debe coincidir con el inicio de un nuevo periodo administrativo.